A nadie le gustaría que existan las adicciones y los vicios.

Pero existen y se puede afirmar que son parte de la naturaleza humana. Partiendo del hecho de que el ser humano reacciona favorablemente a estímulos que le provoquen placer: desde los chocolates hasta el Internet, pasando por las drogas, los juegos de azar, el sexo, la comida chatarra, las compras y en general por un gran abanico de productos, servicios y actividades. Sin embargo, algunas de esos comportamientos, patrones de conducta o consumos pueden ser mucho más dañinos que otros. Incluso pueden afectar o perjudicar a terceros.

El problema eterno es si el Estado debe hacer algo para cambiar el comportamiento de las personas y cuál debe ser el medio apropiado para ello.

Pensemos: ¿prohibición absoluta? ¿Ilegalidad? No funcionaría ni aquí ni en ningún lugar. Sólo se terminaría promoviendo los productos, servicios o actividades informales o ilegales. Ni en Estados Unidos se pudo imponer la prohibición al alcohol.

Entonces… restricciones, regulación, pero… ¿cuánta? Y… ¿en todos los casos por igual?

La regulación necesita ser inteligente. Evaluar el costo – beneficio y entender los incentivos que se generan. Debe procurar ser lo menos invasiva posible a la libertad de las personas. No podemos simplemente establecer prohibiciones y pensar que con ello ya se arregló el problema, sin entender qué otros problemas generamos.

Pero habrá siempre quienes piensan que cuando algo está mal, sólo hay que emitir una norma que lo prohíba. Simplemente el razonamiento va a ese primario nivel de elaboración. Si algo está mal, prohíbelo. Y listo.

La verdadera obsesión prohibitiva se está dando de modo preocupante en nuestras autoridades.

Proyecto de Ley que plantea restringir la publicidad y venta de la llamada “comida chatarra”.

Proyecto de Ley que plantea prohibir absolutamente la publicidad de cigarrillos.

Proyecto de Ley que busca restringir la oferta de bebidas alcohólicas cerca a entidades educativas.

Seguramente las intenciones son buenas, pero no son inteligentes. Simplemente por que no van más allá de ese razonamiento primario. Restringe, impón formalidades, barreras y lograrás que baje el consumo. Los resultados suelen ser realmente atroces si los comparamos con los fines que se persiguen.

Impedir que se venda o se consuma bebidas alcohólicas a cierta distancia de universidades no reducirá el consumo de alcohol. Habrá otras alternativas: se caminará más para el siguiente lugar o simple y llanamente se comprará la bebida previamente para consumir en cualquier otro lugar privado o incluso público. Obviamente, los impactos en los negocios que legalmente expenden bebidas alcohólicas no han sido siquiera calculados. Se promoverá la informalidad.

En cigarrillos, al prohibir toda publicidad (que hace años sólo se reduce al interior de los puntos de venta o los escasos lugares en donde se puede consumir por adultos) promueve que las tabacaleras formales dejen de contar con marcas de mayor valor y que cuesten más. Más bien, llevar al cigarrillo a ser un genérico, ocasionará que el consumidor busque solamente el cigarrillo más barato y fumará más. El efecto sería el mismo para cualquier producto de consumo masivo. Si se prohibiera la publicidad de detergentes, por ejemplo, ¿acaso la gente no dejaría de comprar los de más calidad y preferirían al más barato? Si desaparece la publicidad, desaparece la diferenciación y el que compra opta por el producto más asequible. Además, el consumidor no podrá enterarse de las distintas características diferenciadoras entre los distintos competidores en el mercado. Nuevamente, se incentivará la informalidad y la alternativa ilegal al consumidor.

En la comida chatarra, se generarán sustitutos informales y se castigará a las empresas formales que cumplen con las normas y publican abiertamente los componentes potencialmente dañinos de sus productos. Ganará la oferta ilegal e informal.

Sólo se requiere un poco más de análisis económico serio y dejar de ser “creativos” con “buenas ideas” que terminan generando males peores que los que se quiere solucionar.

Esto deja de lado toda discusión netamente jurídica, en donde hay muchísimos argumentos legales en contra de estas prohibiciones. En el fondo del problema está la pregunta sobre cuál es el límite para que el Estado invada la libertad de personas y empresas a través de regulaciones cada vez más restrictivas en pos de convertirnos en personas “más sanas”. El paternalismo estatal es un cuchillo con hoja de doble filo. Puede terminar cortando nuestras apreciadas libertades y opciones personales, en aras del “bien común” y convertirse en un medio de opresión de la libertad individual.

La solución no es de largo plazo: está en la educación humanista que debe acompañar a los peruanos desde la más tierna edad y que debe fomentar valores e informar sobre lo bueno y lo malo. El ser humano educado e informado es el aquel cuya libertad de elección debe ser intocable.