Nuestro INDECOPI se gestó dentro de la más reciente “gran transformación” de nuestro Estado luego del gobierno militar de los sesentas. Aun cuando no fue creado bajo la existencia de un régimen constitucional (en noviembre de 1992, meses después de la disolución del Congreso por Alberto Fujimori), es una institución indispensable en el sistema económico y democrático del país.

En el Perú de entonces no había un régimen jurídico de promoción de la libre competencia. ¿Para qué? Bajo una economía controlista y estatista el problema era proteger a los consumidores del acaparamiento, la venta de productos a precios distintos de los oficiales. Era una persecución generada por los incentivos perversos de decisiones discrecionales (y muchas veces arbitrarias) del Estado propios de regímenes autoritarios. Las versiones modernas de esos esquemas las encontramos en Argentina, Bolivia, Ecuador y, por supuesto, Venezuela. ¿Es sustentable ese modelo? El tiempo lo dirá, pero yo siempre les digo a mis alumnos que ahorren en dólares y que planeen un viaje a Argentina en un futuro no muy lejano.

Entonces… un Estado nuevo, promotor de la inversión privada sólo se podía hacer sustentable si se cambiaba el esquema. El Estado Empresario a extinguirse (lo cual hasta ahora no ocurre, del todo, como sabemos) vía privatizaciones. A promover la seguridad a las inversiones mediante mecanismos legales (estabilidad contractual, solución de controversias por la vía arbitral, etc.) y la modificación de todo el esquema económico y el marco normativo consecuente: libre competencia, no discriminación en favor del Estado, libertad plena de disponer de utilidades, libertad de precios, libertad cambiaria, etc.

En un marco distinto, en donde las empresas deben “ganársela en el mercado” frente al consumidor y volverse más eficientes se requiere una autoridad estatal cuya misión y razón de ser se vincule a evitar que las inevitables distorsiones del mercado se internalicen en el usuario. La mayor distorsión posible es el abuso de posición de dominio en el mercado, en donde las eficiencias empresariales no son trasladadas al consumidor vía precio o calidad, sino en donde de modo artificioso o manipulado se obtiene una ventaja que saca del juego al competidor.

Por lo tanto, INDECOPI, de vista al ciudadano, debe garantizar la libre competencia, evitando comportamientos indebidos de los actores del mercado que distorsionen el juego, que signifiquen “trampa”. También, no cabe duda, debe proteger al consumidor frente a una situación inevitable frente a quien le vende un producto o le da un servicio: la desigualdad (o asimetría) en la información que cada uno maneja en una transacción. El consumidor “persona natural” está lejos de ser un experto y basa sus decisiones de adquisición en información limitada, experiencia y expectativas que muchas veces no se cumplen. Mientras más compleja la operación (ya sea por el producto o por el servicio involucrado), más se produce la llamada asimetría informativa (el caso de las entidades financieras es un ejemplo típico y al parecer ASBANC está haciendo algo al respecto, lo cual hay que aplaudir.

Sin entrar en complejidades legalistas, no creo que el rol del INDECOPI sea sancionar empresas por vender “muy caro”. Eso corresponde a un modelo que no es el vigente en nuestro esquema constitucional, legal y económico.

Otro encargo importante: el INDECOPI debe aplicar correcta e imparcialmente las normas en defensa del consumidor (que son de carácter protectivo), lo cual no significa asumir la defensa del consumidor. Para ello están sus abogados, las asociaciones de consumidores y ellos mismos, por último.

Finalmente, un tema de gran trascendencia es lo relativo a las llamadas “barreras burocráticas”. Las autoridades (especialmente los gobiernos locales) suelen dictar normas contrarias a la Ley. Hay casos por montones, especialmente contra las empresas que tratan de cumplir son sus obligaciones de servicio público: telecomunicaciones, gas domiciliario, electricidad, televisión por cable, etc. Muchas municipalidades abusan y adoptan decisiones autárquicas, como si fueran una entidad independiente del Estado Peruano y su sistema jurídico. Además, invaden de modo irracional las libertades de las personas sin evaluar mecanismos más eficientes, menos restrictivos y equilibrados, considerando que se están invadiendo libertades de personas y empresas. Casos hay al por mayor y, si bien es cierto, jurídicamente es un tema muy debatible, hoy en día sería impensable buscar un remedio rápido y eficiente ante el Poder Judicial ante tanto y tan abundante abuso.

Si el INDECOPI pudiera realizar todo esto con eficiencia, celeridad y predictibilidad (es decir, sin vaivenes en sus opiniones y que den mensajes “educacionales” a los actores del mercado y autoridades), podríamos estar satisfechos de contar con una entidad fundamental en nuestro Estado que nos facilite el ser consumidores, ciudadanos, empresarios, autoridades.

Los cambios que vienen ocurriendo en la institución nos instan a hacer ese llamado y esperar con optimismo que nuestras expectativas se cumplan.