Cotidianamente, reflexiono y me repito obsesivamente, en silencio, la frase cuando me toca movilizarme en mi auto por las cada vez más congestionadas calles de Lima. En esa diaria tortura, percibo y constato la evidencia de la inútil “inversión” que nos costó varios millones de dólares y de horas - hombre a todos los limeños que padecimos impotentes una nueva rotura de pistas, con zanjas a lo largo de las ya lentísimas avenidas. El padecimiento se soportaba con la esperanza de que los “semáforos inteligentes” nos ahorraran tiempo, gasolina, contaminación y bilis al circular por Lima. Lo cierto es que en horas punta, cuando más se necesita la sincronización del tránsito en las avenidas troncales, los semáforos son más bien una trampa en la que ya por costumbre no caemos, pues existe siempre, al lado del semáforo inteligente, un más inteligente policía contradiciendo la señal de tránsito. Si no encuentras a la autoridad y su señal (que se esconden entre autos, combis, buses, peatones, árboles, carteles y smog) en un segundo o menos, corres el peligro inminente de verte involucrado en un accidente en el que seguramente tendrás la culpa. No es ningún descubrimiento constatar que conducir en Lima es más arriesgado que un deporte de aventura. Si hay algo de sub – desarrollado en nuestra capital es la experiencia de transitar por la ciudad. Poco o nada se ha avanzado en estos años.

Por otro lado, leí recientemente declaraciones del ex – vocero de la bancada del partido de gobierno, planteando la posición de modificar la Constitución Política del Perú con el fin de eliminar el llamado “Principio de Subsidiariedad”, por el cual se le restringe al Estado la creación de empresas públicas que incursionen en actividades en las que existe presencia del sector privado.

Falta de alineamiento, falta de sincronía, es lo que se está dando entre una serie de actores que tienen una responsabilidad fundamental en perseguir algo que todos los peruanos deberíamos buscar sin discrepancia alguna: vencer a la pobreza y hacer del Perú un país que venza al subdesarrollo y ofrezca a cada compatriota la posibilidad de realizarse como persona. ¿Alguien no quisiera ello? Hasta ahí, dudo que haya discrepancias.

Cada posición política es la traducción de una “estrategia” para lograr el bienestar social. Tendremos a la llamada izquierda, que propone un rol protagónico del Estado para lograr el ansiado bien común. Ello significa básicamente intensiva planificación y controles estatales a las actividades. También la intervención directa del Estado en los precios y las relaciones económicas. No hay mucho lugar para el mercado en su versión de libertad de oferta y demanda. Esto requiere un Estado poderoso que sea proactivo e intensivo en su intervención. Al otro lado, la llamada derecha, pretende promover el bienestar y desarrollo social dándole un rol protagónico a la libertad económica, siendo los incentivos individuales los que generen la riqueza y el bienestar derivado del crecimiento económico. Aquí, el rol del Estado es básicamente promotor de la libertad y la libre competencia, no protagónico en la actividad económica empresarial y limitado a reducción de las “fallas del mercado”, inevitables e inherentes a toda realidad económica. El Estado debe ser pequeño y no intrusivo.

Así como son, se trata de “modelos”, que cada uno puedo acoger personalmente según sus propias convicciones o experiencias. Hay infinidad de posibles variaciones sobre cada esquema básico, cuya expresión orgánica son los partidos políticos (prácticamente inexistentes en nuestro adolescente Perú). Lo cierto es que los esquemas se deben manifestar en decisiones políticas y éstas, cuando son materia de un consenso o de una determinado nivel de hegemonía política se reflejan en un instrumento jurídico básico: la Constitución.

Nuestro Perú, acercándose a los 200 años de su independencia, revela sin mucho pudor su adolescencia institucional en la abundante cantidad de constituciones que se han aprobado a lo largo de los años, dando a conocer la falta de claridad (típica de la inmadurez) de su identidad y su proyección de largo plazo. Desde esa perspectiva, la vilipendiada Constitución de 1993 plantea a nivel económico, más allá de cualquier calificación jurídica, simpatía u odio político, un esquema mucho más acorde con los tiempos, al punto que habría que calificarla como “neoliberal”, lo cual no debería ser para nada un adjetivo peyorativo. Toda discusión sobre la “necesidad histórica de derogar la constitución espuria” esconde realmente una discrepancia política sobre el esquema económico que ha mantenido el Perú en las últimas dos décadas. Sería bueno que el debate se sincere y se dé realmente sobre esa base.

De este modo, el Gobierno – nos guste o no – está gobernando en base a los principios establecidos en la actual Constitución. Lo curioso y lamentable – y aquí es válida la analogía que planteamos – es que el grupo parlamentario que debería ser soporte de las políticas de gobierno termina cuestionando la propia línea maestra de su gestión.

Como nos consta día a día, el tránsito no fluye por la “perfecta desincronización” de los semáforos, entre otras variables. Del mismo modo, difícilmente podremos avanzar a algún lugar si entre Gobierno y Partido de Gobierno no comparten la misma decisión política de apoyar la estrategia fundamental de desarrollo económico. Los resultados los vemos en varios niveles de entrampamiento político y de desestabilización institucional del país. Si los “semáforos políticos” no se sincronizan mínimamente pronto, todos pagaremos los platos rotos. Como los que circulamos cotidianamente como conductores, pasajeros o peatones por las caóticas calles de Lima.