Es oficial. Se trata de una enfermedad que ataca a toda autoridad o institución con facultad normativa.

A un congresista se le ha ocurrido plantear un proyecto de “tolerancia cero” al alcohol para los que conducimos vehículos, comparando los efectos de la ingesta de incluso un sorbo de alguna bebida alcohólica a la conducción bajo la influencia de drogas duras. En efecto, el referido proyecto tiene como título “Tolerancia cero a la conducción en estado de ebriedad”. Es decir, es claro que en el proyecto se presume que cualquier consumo de una bebida alcohólica, por mínimo que sea, nos pone en “estado de ebriedad” y ser pasible de pena de cárcel por conducir en ese estado. Mientras tanto, siguen los accidentes causados por automovilistas y peatones con altos niveles de alcohol en la sangre.

Otros congresistas, animados por la propuesta del Ministerio de Salud en contra de la llamada “comida chatarra” (pensando más en las cadenas de comida rápida norteamericanas y olvidándose del colesterol de sabor nacional) han planteado distintos proyectos para restringir la venta y publicidad de la comida poco saludable, incluyendo la prohibición de su venta en colegios, en los que sólo se deberán ofrecer alimentos contenidos en una lista que deberá elaborar el Ministerio de Salud. Con esa lógica, se plantea prohibir la publicidad de estos productos en el horario de protección familiar (o sea prohibirlo totalmente en la práctica), así como hacer ilícita la entrega de regalos o premios con estos alimentos de bajo contenido nutricional.

Hay más: prohibición de ingreso a los casinos por parte de ludópatas (proyecto que ya es ley), proyecto para que se impida que los menores ingresen a las corridas de toros, proyecto para prohibir de modo absoluto y total la publicidad de cigarrillos (que desde hace muchos años se prohibió totalmente en Radio, TV, publicaciones no dirigidas a mayores, Internet, etc.).

Por supuesto, los municipios no se quedan atrás. Una ordenanza miraflorina impone que los locales de cierto tamaño adquieran y pongan en funcionamiento un sistema de video vigilancia con cámaras y grabadoras. Incluso algunos municipios pretenden establecer restricciones mayores a las establecidas en las leyes, como en el caso de los espacios para fumadores, en donde se prohíbe fumar hasta en los parques por ser éstos “centros de trabajo”. Ya no importa si el humo afecta a otros. Ahora el Estado nos protege de nuestras propias decisiones. El extremo de la invasión a la libertad.

¿Qué tienen en común todos estos proyectos? En todos los casos se persigue un fin política o moralmente correcto. En todos se pretende que el Estado obligue a los ciudadanos o a instituciones conformadas por ciudadanos a hacer algo o a no hacer algo. En otras palabras, es el Estado frente a la libertad de las personas los que se ponen en una balanza en donde se pretende que los fines “buenos” que persigue este “gran hermano” se impongan por sobre la libre determinación de los ciudadanos. Es la sombra del Estado Paternalista que se yergue cada vez más por sobre la decisión o voluntad de las personas.

Fines nobles. Buenas intenciones de las que el infierno está lleno, como decía mi abuelita.

Lo notable es que si se analizan los proyectos de normas, el indispensable análisis costo – beneficio respectivo señala lacónicamente que el proyecto no irrogará gastos al Estado. En los casos más prolijos, se hace una larga y pormenorizada relación de los objetivos que se persiguen. Pero eso es el lado de los beneficios queridos. Imposible hacer una evaluación integral del proyecto cuando los costos económicos a la sociedad, a la economía de un sector o a las economías relacionadas al mismo son pasados por alto, como si no importaran o, peor aún, como si no existieran. Menos aún se piensa, por ejemplo, cómo, con qué recursos del Estado es que se va a controlar el “estado etílico” de los que consumieron su copita de espumante en un matrimonio si no existen recursos suficientes para controlar a los irresponsables conductores y peatones que generan graves accidentes día a día.

Lo que sucede es que es tremendamente fácil crear obligaciones, prohibiciones y no pensar en cómo va a funcionar el cambio en el sistema y además no asumir la responsabilidad de las consecuencias de tales actos. Y encima “jamonearse” como autor de una iniciativa tan “loable a favor de la sociedad”.

La ERCA, pues, es una forma de trastorno que hace que por motivaciones diversas (desde populistas, las más peligrosas) hasta las sinceramente benefactoras (que a veces causan los peores daños) las autoridades realicen un análisis de corte mega - simplista: “Si algo es malo, hay que prohibirlo”. Así de simple. Así de peligroso. Así de temerario. Así de torpe.

A este paso, los ciudadanos tendremos que recibir una cartilla para no olvidarnos de las cosas que todavía podremos hacer.

Felizmente, se ha determinado que la ERCA es curable, pero para ello se requiere un régimen sumamente riguroso y prolongado de evaluación de análisis costo – beneficio económico de tipo integral, dejando de lado la perspectiva temeraria que si algo no causa gastos al Estado, ya no hay por qué preocuparse más. Este tratamiento se debe complementar con un exhaustivo, sostenido y minucioso análisis de la factibilidad de implementación de la medida, a fin de que al Ejecutivo no le caigan del cielo una serie de encargos que sean incumplibles y que más bien terminen generando conflictos entre poderes “… por la incapacidad de los ministros para hacer cumplir la ley”, alimentando así, con nuestras mejores intenciones, a nuestra cada vez más pujante informalidad.